En el ámbito judicial, tres personas fueron detenidas en 2018. Sin embargo, en septiembre de 2020 fueron absueltas y liberadas después de un proceso cuestionado por graves irregularidades y la complicidad y racismo del juez Mario Ortiz Aldama, entre ellas la falta de interpretación adecuada para testigos hablantes de náhuatl, posteriormente se ordenó reponer el juicio porque no se garantizaron plenamente los derechos de los testigos indígenas y porque no se valoró adecuadamente que Sergio era defensor del territorio.
A pesar de ello, ocho años después no existe una verdad judicial que esclarezca plenamente lo ocurrido. Tampoco se han determinado todas las responsabilidades materiales e intelectuales relacionadas con su desaparición, sin embargo sabemos que tanto Fermín Gonzales León en complicidad con Victorino Telles, Antonio Sandoval entre otros, actuaron por orden de Minera Autlan.
Las amenazas no terminaron con la desaparición de Sergio. Testigos, familiares e integrantes de la organización han denunciado intimidaciones. Su esposa, sus hijos y su familia han tenido que enfrentar el miedo, el desplazamiento y el abandono institucional.
No puede existir justicia mientras los testigos tengan miedo de declarar.
No puede existir justicia mientras una familia tenga que enfrentar amenazas por exigir la presentación con vida de uno de los suyos.
No puede existir justicia mientras las instituciones protegen la impunidad y administran el dolor de los pueblos.
Denunciamos también que el proyecto hidroeléctrico Coyolapa–Atzalan no ha sido cancelado de manera clara y definitiva. Las comunidades tienen derecho a conocer el estado actual de las concesiones, permisos y autorizaciones relacionadas con este proyecto.El silencio de las autoridades mantiene abierta la amenaza sobre los ríos y los territorios de la Sierra Negra.
Durante estos ocho años, Sergio no ha sido olvidado, su nombre ha caminado en las movilizaciones, las radios comunitarias, los documentales, los comunicados y las asambleas, en los medios libres y las comunidades han mantenido viva su voz y la memoria de la resistencia en la Sierra Negra, en el valle, en la mixteca y muchos otros lugares del mundo.
Por eso quienes comunican desde los pueblos han sido amenazados y perseguidos: porque enfrentan las mentiras de las empresas y de los gobiernos, recuperan la memoria y permiten que la palabra de las comunidades rompa el cerco del silencio, la desaparición de Sergio pretendió sembrar miedo, debilitar la resistencia y romper la organización comunitaria.
No lo consiguieron, las comunidades continúan defendiendo el río. Las radios comunitarias y libres continúan transmitiendo su nombre y su lucha. Las organizaciones continúan denunciando. Sergio continúa esperando y exigiendo justicia, sus hijos lo reclaman.
A ocho años de su desaparición, exigimos:
La presentación con vida de Sergio Rivera Hernández.
Una búsqueda permanente, profesional, coordinada y construida con su compañeros, su comunidad y los comités representantes de la residencia.
*Demandamos un informe público sobre todas las acciones de búsqueda realizadas desde el 23 de agosto de 2018, exigimos a la Comisión Nacional de los derechos Humanos se abra una queja contra las autoridades mencionadas por su omisión
*El esclarecimiento integral de su desaparición y de las amenazas y agresiones que la antecedieron.
*La investigación de todas las líneas relacionadas con su trabajo como defensor del río y del territorio.
*La investigación de las responsabilidades materiales e intelectuales, sin proteger intereses políticos, empresariales o caciquiles.
*Información clara y pública sobre el estado actual del proceso penal y la reposición del juicio.
*Protección efectiva para su esposa, sus hijos, su familia, los testigos, integrantes de MAIZ, comunicadores comunitarios y defensores de la Sierra Negra.
*Exigimos Intérpretes de náhuatl durante todas las diligencias y procedimientos que involucren a personas de las comunidades indígenas, como parte de una práctica permanente y sin racismo.
