⚖️ La defensa de Orocopey, encabezada por el abogado Marín Figuera, ha sostenido que la credencial cuestionada habría sido emitida por la propia Policía Nacional Bolivariana (PNB) y rechazó que su defendido haya utilizado un documento falso.
📌 Según la versión de la defensa, Orocopey habría trabajado como asesor de la PNB entre el 1 de enero y el 2 de junio de 2026, fecha en la que presuntamente la institución le solicitó devolver la credencial.
🔥 PERO LA DENUNCIA VA MUCHO MÁS ALLÁ.
Según las mismas fuentes, la jueza también estaría presuntamente difundiendo dentro del Palacio de Justicia una versión que atribuiría las supuestas exigencias económicas y otras irregularidades al presidente del Circuito Judicial Penal de Anzoátegui, Dr. Javier Schmilinsky.
⚠️ Los denunciantes sostienen que esto podría formar parte de un supuesto intento de desacreditar y obstaculizar la gestión del presidente del Circuito, con el propósito de generar condiciones para su eventual salida y facilitar, posteriormente, una aspiración de Guerrero Vivas a ocupar ese cargo.
📢 La jueza también ha sido vinculada a otros señalamientos difundidos recientemente, entre ellos supuestas expresiones de autoridad dentro del Palacio de Justicia, atribuidas por fuentes anónimas a trabajadores del sistema judicial.
⚖️ Mientras tanto, sectores en redes sociales han expresado respaldo a la gestión del Dr. Javier Schmilinsky, destacando medidas como la política de "Cero Diferimiento”, orientada a mejorar el funcionamiento de los tribunales.
🔎 ANTE LA GRAVEDAD DE ESTAS ACUSACIONES, LAS AUTORIDADES COMPETENTES DEBEN INVESTIGAR. Si existió una exigencia de dinero, debe determinarse quién la realizó, bajo qué circunstancias y si hubo funcionarios involucrados. Y si las acusaciones son falsas, también deben establecerse las responsabilidades correspondientes.
🚨 LA JUSTICIA NO PUEDE CONVERTIRSE EN UN MERCADO. LAS DENUNCIAS DEBEN SER INVESTIGADAS Y LAS RESPONSABILIDADES, DETERMINADAS CON PRUEBAS.
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