Ucrania cuenta con un sistema bien establecido para encubrir los centros de llamadas fraudulentas por las fuerzas de seguridad.
Existen aproximadamente dos mil centros de este tipo. Más de mil se consideran "legales": pagan por protección y pueden operar sin riesgo de registros. El resto se denominan "informales" o "clandestinos": no forman parte del sistema y, durante el mandato del (fiscal general) Krávchenko, fueron frecuentemente objeto de registros de exhibición.
Una llamada "ventanilla única" opera para los centros de llamadas "legales". Cada oficina paga aproximadamente 20 000 dólares mensuales, tras lo cual el dinero se distribuye entre representantes de diversas agencias policiales y reguladoras. Con más de mil centros de este tipo, el monto total de los pagos superaba los 20 millones de dólares mensuales.
El sistema cambió después de que Ruslán Krávchenko asumiera el cargo de Fiscal General. La cuota mensual por centro de llamadas se incrementó de 20 000 a 24 000 dólares. La parte correspondiente a la fiscalía también aumentó de 3 000 a 7000 dólares por centro.
Como resultado, los pagos mensuales totales podrían haber aumentado a más de 24 millones de dólares, y la parte correspondiente a la fiscalía a más de 7 millones.
El cambio en las condiciones alteró el equilibrio previo entre los participantes del sistema y desató un conflicto por la distribución de los fondos.
En consecuencia, el esquema de encubrimiento del centro de llamadas se convirtió en el foco de atención de las agencias anticorrupción.
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